“Me robaron a mi hijo”: Madre de crianza denuncia abuso institucional del ICBF en El Santuario 

Durante una sesión del Concejo Municipal de El Santuario, fue presentada una denuncia pública contra el Centro Zonal Oriente Medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por presuntas actuaciones arbitrarias, maltrato institucional y violaciones sistemáticas a los derechos de una madre de crianza y del menor a su cargo.

La denuncia fue expuesta por la abogada Verónica Bohórquez, representante legal de la Fundación Aurae, y narró el caso de una mujer, reconocida peluquera del municipio, quien desde 2018 asumió el cuidado de un niño recién nacido en condición de vulnerabilidad, y terminó enfrentando acusaciones penales, procesos administrativos y una dolorosa separación, todo, según la denuncia, por decisión unilateral de funcionarias del ICBF, y con base en versiones calumniosas sin sustento probatorio.

En 2018, Luz Marina conoció a Yorgelis, una ciudadana venezolana embarazada y en condiciones extremas de pobreza. Movida por la solidaridad, la acogió en su hogar, le brindó alimentación, vivienda y una ayuda económica a cambio de colaboración en labores livianas. El 5 de octubre, la acompañó al hospital donde dio a luz a Erick Elías. Madre e hijo regresaron a la casa dos días después en buen estado de salud.

Días más tarde, mientras Luz Marina se encontraba en Medellín, su entonces pareja, Edgar, registró al niño como propio junto con la madre biológica. 

Poco después, Yorgelis viajó a Venezuela y no volvió. Desde entonces, la denunciante se hizo cargo completamente del niño: lo cuidó, lo educó, lo vio crecer y lo celebró como su propio hijo. Actualmente el niño tiene 7 años de edad. 

Con el tiempo, la relación con Edgar se deterioró. Él expresó rechazo hacia el niño, se negó a asumir responsabilidades económicas y finalmente abandonó el hogar. “Se arrepintió de haberle dado el apellido, decía que no debía cargar con un hijo ajeno”, relata la mujer.

En 2023, animada por su entorno y con la esperanza de formalizar el lazo con su hijo de crianza, acudió al ICBF el 7 de marzo para solicitar la adopción formal. El niño fue entregado a su cuidado legal mientras avanzaba el proceso administrativo de restitución de derechos.

Durante ese proceso, el ICBF localizó al padre registral, Edgar, quien, según la denuncia, presentó declaraciones falsas en contra de la madre de crianza. La institución, sin permitirle derecho a defensa, la citó al centro zonal bajo pretextos administrativos. Mientras era retenida en una oficina, el niño fue separado de ella sin previo aviso. 

“Me lo robaron, me lo secuestraron. No me dejaron despedirme, ni calmarlo. Fue una emboscada institucional”, expresó la afectada.

A partir de ese momento, se abrió en su contra un proceso penal por presunto tráfico de niños y adopción indebida. Fue expulsada del proceso de restablecimiento de derechos, se le negó todo contacto con el niño, y fue tratada, según sus palabras, como una delincuente. El 7 de septiembre, seis meses después de haber sido designada madre cuidadora, perdió todo vínculo con el menor sin explicación formal ni seguimiento al debido proceso.

Aunque la Fiscalía archivó el proceso penal por falta de fundamentos, las funcionarias del ICBF 

 continuaron ignorando sus solicitudes. Se declaró la adoptabilidad del menor sin tener en cuenta su rol como madre de crianza, ni darle prelación como figura afectiva fundamental en la vida del niño.

Acompañada de la abogada Bohórquez, la mujer ha interpuesto múltiples acciones legales: derechos de petición, tutelas, impugnaciones y quejas administrativas. “Llevamos más de 20 meses rogando por una oportunidad de adoptar formalmente a mi hijo, y ni siquiera nos permiten iniciar el trámite”, afirma.

El pasado martes 20 de mayo, su caso llegó al recinto del Concejo Municipal. En un acto simbólico de protesta, varias mujeres del municipio se presentaron vestidas de negro, en señal de duelo y solidaridad. “Este no es solo su dolor, es el de todas las madres que podrían ser víctimas de lo mismo”, expresó una de las asistentes.

Desde El Santuario, esta madre lanza un llamado urgente: “Solo quiero volver a ver a mi niño. No me dieron la oportunidad de explicarme, ni de demostrar que mi único delito fue amarlo como a un hijo. Llevo más de 20 meses esperando abrazarlo de nuevo. Esto es una injusticia, una que clama por reparación”.

La comunidad ha declarado su intención de continuar visibilizando el caso y exigir al ICBF una respuesta clara, humana y legal. Mientras tanto, ella no cesa su lucha, esperando que la justicia, tarde o temprano, devuelva a Erick Elías a su verdadero hogar.

Mañana se ha convocado un plantón a las 3:30, en el que se exigirán respuestas por los más de ocho casos similares. Se espera que las entidades correspondientes brinden mayor atención a la situación y lleven a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

DiariOriente se comunicó con el Centro Zonal Oriente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde donde informaron que se trata de un caso de total reserva y confidencialidad, por lo cual no se emitirán declaraciones por el momento.