En la mañana de este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ofreció una rueda de prensa para anunciar la imputación por falsos positivos al general (r) Mario Montoya, quien durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, había desempeñado el cargo de Comandante del Ejército Nacional.
Desde la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se adelantó la imputación, la cual comprendió los casos de las fatídicas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», durante el período en que el Coronel Montoya ostentaba el cargo de Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre los años 2002 y 2003.
Los magistrados Catalina Díaz y Hugo Tovar, como relatores del Caso 03, y la magistrada Julieta Lemaitre en su calidad de vicepresidenta de la Sala, anunciaron la imputación por los graves crímenes de guerra y lesa humanidad; Díaz resaltó que además del ya nombrado Montoya, otros ocho militares fueron incluidos por los 130 falsos positivos que ocurrieron en el oriente antioqueño.
Según la JEP, «en la brigada cuarta la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército».
Esa presión, explicó la magistrada Díaz, fue ejercida por el general (r) Montoya y otros comandantes de batallones de la zona. En el caso del alto oficial, se describió que la obligación suya fue la de reportarse en términos de «litros, chorros, rpios barriles o carrotancados de sangre fue una orden recurrente».
Además, se detalló que los oficiales habrían mentido sobre el número de bajas en combates, y habrían presionado a sus tropas para aumentar las muertes, lo que los lleva a ser imputados a título de autor de dichos crímenes.
En total, esta medida incluye a los tenientes coroneles retirados Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, quienes integraron el Batallón de infantería #4 Jorge Eduardo Sánchez.
La práctica de falsos positivos se replicó, según lo que tiene la JEP, en toda la cadena de mandos que había en esa zona. «La JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la Cuarta Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná. Así mismo, determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política de la IV Brigada del conteo de cuerpos. Es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar», relató la magistrada Catalina Díaz.
