El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la cárcel de máxima seguridad La Paz, en Itagüí, luego de que se conocieran denuncias sobre un presunto plan de fuga que involucraría a varios internos, entre ellos cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá que participaron en el proceso de paz urbana.
La decisión fue adoptada por instrucción del Ministerio de Justicia, como respuesta a las versiones que han circulado públicamente sobre la supuesta fuga. Según informó el Inpec, se dispuso el traslado de Grupos Operativos Especiales (Grope) al establecimiento para reforzar los puestos de vigilancia y aumentar la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.
Además, la Dirección Regional del Inpec adelanta coordinaciones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral del centro penitenciario y gestionar la instalación de un tercer anillo de seguridad con apoyo del Ejército Nacional. La entidad también ordenó reforzar los protocolos durante las remisiones médicas y judiciales de las personas privadas de la libertad, con el fin de reducir los riesgos de una posible fuga.
Entre las medidas adicionales se encuentran el incremento de las requisas y de los controles a vehículos, visitantes y abogados que ingresan al penal, así como el fortalecimiento de los protocolos de autoprotección para el personal del Inpec durante los cambios de turno y los desplazamientos hacia y desde el establecimiento.
Las acciones se conocen después de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, alertara sobre un supuesto plan de fuga basado en información suministrada por una fuente anónima. Sin embargo, las personas privadas de la libertad señaladas han desmentido públicamente esas versiones y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia del presunto plan mientras avanzan las verificaciones correspondientes.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación convocó una reunión extraordinaria de seguridad con participación del Inpec, la Policía y la Fiscalía, con el propósito de revisar la situación y coordinar acciones preventivas para garantizar la seguridad y la custodia en el establecimiento penitenciario.
