El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que propone la transferencia de más de 25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual de afiliados a fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, el régimen público de prima media. La medida haría obligatorio que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) realicen el traslado en un plazo máximo de 15 días, contando desde la entrada en vigencia del decreto.
El monto en cuestión corresponde a los recursos de aproximadamente 118.000 trabajadores que, desde 2024, aprovecharon la “ventana de oportunidad” establecida en la reforma pensional para trasladarse del régimen privado al público. Sin embargo, expertos y gremios han señalado que este traslado inmediato modificaría la lógica establecida en la Ley 2381 de 2024, la cual establecía que el dinero debía seguir administrado por las AFP hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse.
Reacciones del sector pensional
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) ha expresado su preocupación por el proyecto normativo. Su presidente, Andrés Velasco, argumentó que obligar a las AFP a girar estos recursos podría contravenir la ley vigente y “agravar la sostenibilidad de la reforma pensional y de las finanzas públicas”, en la medida en que podría liberar recursos del presupuesto general de la nación para otros fines.
Por su parte, el presidente de la República ha defendido la iniciativa. En su cuenta oficial en redes sociales, afirmó que los traslados de afiliados desde los fondos privados a Colpensiones se vienen realizando desde antes de la actual administración y que la medida busca responder a esas dinámicas.
Debate legal y financiero
Analistas jurídicos han señalado que un decreto con estas características podría constituir una extralimitación de las facultades del Poder Ejecutivo, al alterar mediante un acto administrativo el destino de recursos que la ley atribuye a una condición específica de pensión.
El proyecto, además, se da en un contexto en el que la reforma pensional aún está siendo revisada por la Corte Constitucional, lo que añade incertidumbre sobre cómo se interpretarán estas disposiciones y su impacto en la regulación del sistema pensional colombiano.
