El exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente colombiano Gustavo Petro. La acción fue radicada en La Haya, Países Bajos, y está dirigida al fiscal general de ese organismo, Karim Khan.
Ruiz acusa al mandatario de haber adoptado, desde su llegada al poder en 2022, una política que habría favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales, dejando en estado de vulnerabilidad a comunidades como campesinos, niños, adultos mayores y líderes sociales.
“La población civil ha sido víctima del abandono estatal y del accionar de organizaciones criminales que se han fortalecido durante este gobierno”, señala el documento presentado por el exfuncionario.
Tres ejes de la denuncia
El primero de los argumentos expuestos por Ruiz se centra en la política de “paz total”, promovida por el gobierno de Petro. Según el denunciante, esta estrategia incluyó decretos que facilitaron el diálogo y ofrecieron beneficios jurídicos a estructuras armadas ilegales, lo que —a su juicio— debilitó la presencia del Estado en los territorios y permitió el crecimiento de dichos grupos.
En segundo lugar, Ruiz menciona los presuntos contactos que se habrían dado durante la campaña presidencial con organizaciones criminales, intermediados por Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado. Según la denuncia, este habría visitado cárceles en busca de apoyo político, y algunos de estos acercamientos habrían sido clave para el triunfo electoral de Petro, como lo demostrarían declaraciones posteriores del propio hermano del presidente.
El tercer eje de la acusación apunta al debilitamiento operativo de las Fuerzas Militares. Ruiz destaca la reducción de 800 mil millones de pesos en el presupuesto de defensa en 2022 como una medida que habría facilitado la expansión de grupos armados ilegales. Este abandono estatal, afirma, ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos, tales como desplazamientos forzados, masacres y asesinatos de líderes sociales, que podrían constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Pruebas y cifras presentadas
La denuncia incluye informes de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Entre las cifras destacadas se encuentran:
93 masacres ocurridas en 2023, con más de 300 víctimas.
14 masacres registradas en lo que va de 2025, con un saldo de 44 muertos.
Más de 56.000 personas desplazadas durante 2024.
34 defensores de derechos humanos asesinados.
El documento también incluye testimonios de exintegrantes de grupos armados, como alias Ricardo y Silvana Guerrero, quienes afirman que disidencias de las FARC y otras estructuras ilegales habrían respaldado la candidatura presidencial de Petro. También se cita una entrevista en la que alias Iván Mordisco asegura haber influido en la elección del actual mandatario.
Petición a la CPI
En su solicitud, Ruiz insta a la Corte a investigar al presidente Petro por su presunta responsabilidad, en calidad de omisión, en hechos que estarían tipificados en el Estatuto de Roma. En concreto, hace referencia a los siguientes artículos:
Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad.
Artículo 8: Crímenes de guerra.
Artículo 28: Responsabilidad del superior jerárquico por omisión.
El exministro argumenta que el Estado colombiano no estaría en condiciones de llevar a cabo una investigación imparcial y efectiva sobre estos hechos.
“Sírvase señor fiscal, adelantar la denuncia en contra del presidente Gustavo Petro Urrego por la responsabilidad a título de omisión, por los delitos tipificados en el Estatuto de Roma”, concluye el documento remitido a la CPI.
