Por: Juan Carlos Oliveros Carvajal.
Abogado penalista
Las redes sociales tienen un papel de tribunal popular donde es palpable la voluntad de restablecer la pena de muerte, aunque, para otros signifique la negación de la dignidad humana. Debemos subrayar que la abolición de la pena de muerte es una tendencia en más de dos tercios del mundo. La respuesta a esos crímenes violentos hacia menores de edad por la vía de la justicia con la pena capital en principio sería como unos modelos de prevención contra este tipo de crímenes.
En la época donde los jueces de Estados Unidos tratan de reducir las condenas por la pena de muerte, parece que en Colombia se presentaría como una solución preventiva contra el miedo y el sentimiento de inseguridad sentida por los ciudadanos. La pena de muerte es diversamente considerada según las épocas y las regiones del mundo. Según el derecho internacional, un crimen capital debe de establecer los crímenes más graves. Muchos gobiernos la aprobaron para violadores contra menores de 12 años como es el caso de la India; por ende se abre nuevamente el debate en Colombia sobre la pena de muerte como disuasión a crímenes violentos como para los asesinatos de Sofía y María Ángel, fuertemente mediatizados estos homicidios, infanticidios o feminicidios chocan y conmueven la opinión pública que organizan marchas blancas, protestas, resaltando como tales crímenes que permanecen incomprendidos moralmente en nuestras sociedades mayoritariamente católicas.
Ante el incremento de tales crímenes se abre nuevamente el debate sobre la instauración en el país de la pena de muerte. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho Constitucional, la pretendida pena capital esta proscrita por el artículo (11) de la referida norma supranacional, en el entendido que (…) “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”; así las cosas, actualmente no están dadas las circunstancias jurídicas para tal reforma constitucional.
La tendencia abolicionista a nivel global hará caso omiso de la violencia particular que sufren las democracias latinoamericanas. Debemos de tener en cuenta que los países que aplican la pena de muerte no tienen un índice menor de criminalidad. Entonces, podemos hablar de una sociedad enferma o simplemente un sistema judicial gangrenado, que a su vez no cuenta con los más rigurosos controles de investigación criminal que a su vez aseguraren que personas inocentes no sean objeto de la pena capital.
Según varios criminólogos en un estudio sobre muertes violentas de niños las mujeres son las que más tendencias tienen cometer infanticidios con sus propios hijos, no obstante, los casos de mayor connotación nacional han sido diferentes, en estos casos por parte de sus propios padres o amigos o compañeros permanentes de las madres. Según el estudio escalofriante del “IGAS l Inspection générale des affaires sociales O Inspección général” de los asuntos sociales En Francia, cada 5 días en promedio muere un niño en manos de sus padres. Además, El perfil psicológico de estos verdugos que maltratan revelan personas violentas, socialmente apartadas, con trastornos psiquiátricos y de adicción.
Ahora bien, será que son dramas que hubiéramos podido evitar, efectivamente, antes del deceso de las niñas y niños, la mayoría había tenido problemas de violencia intrafamiliar, de ahí a que haya la necesidad de una real Comunicación entre los servicios sociales, de policía, justicia, médicos e instituciones educativas. Las recomendaciones es que la protección de la Niñez deberá tener un presupuesto necesario para poner en marcha diferentes prácticas de prevención. No obstante, a la fecha no tenemos claridad de las etapas de indagación o investigación penal en las que se encuentren otros sucesos de niñas y niños víctimas, por lo que se evidencia una deuda histórica de justica de parte del Fiscal General de la Nación en cabeza de quien recae la persecución de la acción penal, hasta el punto que según las cifras del INMLCF, entre 2005 y 2012 se han registrado 559 homicidios de niños y niñas menores de 5 años, lo que da un promedio 70 muertes al año, concentradas en promedio en un 56% para los niños y un 44% para las niñas.
Por su parte Colombia es el tercer país con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo, según un estudio de la ONG denominado Save The Children, que analizó entre 2015 y 2017. Mientras que la UNICEF conmina a que Los gobiernos deben fortalecer los marcos jurídicos y normativos que protegen a los niños de las diversas formas de violencia, explotación y abuso que confrontan a lo largo de la niñez.
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