
Este martes 12 de marzo, tras culminar la sala extraordinaria que convocó la Corte Suprema de Justicia, el tribunal anunció que eligió a la jurista Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal General de la Nación, tras obtener 18 votos y luego de la renuncia de la también ternada Amelia Pérez.
De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Corte, Gerson Chaverra, solo hubo una ronda de votación donde Camargo obtuvo 18 votos.
Chaverra agregó que el alto tribunal no tenía la potestad para aceptar la renuncia de Pérez y por eso procedió en esta sesión de Sala Plena extraordinaria, a elegir a la nueva Fiscal General de la Nación.
¿Quién es Luz Adriana Camargo Garzón?
Abogada de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Penal-Criminología de la Universidad Libre de Colombia.
A lo largo de su vida laboral se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde investigó el escándalo de la parapolítca en el país, que fue la alianza entre el sector político y las Autodefensas Unidas de Colombia.
También, hizo parte del grupo de abogados que estuvo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2019. Allí logró el desmantelamiento de numerosas estructuras de corrupción y la condena de más de 50 congresistas.
En 20 años de experiencia, Camargo estuvo al servicio de cuatro fiscales generales de la Nación y de tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema como ella mismo recordó.
Cuando Camargo habló ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aseguró que si es fiscal, será independiente, “yo quiero decirles que no estoy en representación de persona alguna y no esgrimo ninguna bandera distinta a la de la Rama Judicial, que además me comprometo a defender en su independencia y soberanía”, manifestó la ternada a la Sala Plena
Asimismo, se comprometió a enfrentar la criminalidad con cinco líneas de acción diferentes, priorizando a las víctimas.
“La primera, la priorización con enfoque territorial. La segunda, análisis criminal con apoyo en la tecnología. La tercera, un fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas. La cuarta, incremento en la utilización de los instrumentos y mecanismos de la justicia premial y mejora en la calidad de la participación de los fiscales en el juicio. Y el quinto, un rediseño de los indicadores de gestión que los concibamos de manera estrategia”, aclaró.



