
217 mil usuarios de líneas celulares habrían sido injustamente reportados a centrales de riesgo por parte de Claro Colombia. Esta flagrante falta de orden administrativo de la empresa de comunicaciones más grande del país fue expuesta en un pleito laboral que todavía se encuentra en espera de su fallo definitivo por parte de la Sala Laboral del Tribunal Administrativo de Bogotá.
Todos los usuarios afectados son propietarios de líneas que adquirieron con servicios pospago. Aunque a los 87 días de mora la compañía debía desactivar los números para frenar el cobro, no lo hizo. Por el contrario, continuó facturando, pese a que los usuarios ya no contaban con los servicios de telefonía móvil.
Según los registros entregados por Claro en medio del pleito laboral, de las 217 mil líneas afectadas, 1.402 aún estaban activas para 2021.
El departamento jurídico de Claro aseguró a La Silla Vacía que no generó perjuicios a los usuarios por los cobros indebidos. Pero sus propias certificaciones en el pleito destaparon las irregularidades administrativas que terminaron manchando la vida crediticia de casi un cuarto de millón de personas.
Lo que sucedió en este episodio es muestra de un patrón que se repite con ese gigante de las comunicaciones mexicano, que como actor dominante del mercado maneja 37 millones de líneas en el país. Claro ya ha sido sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por no efectuar o demorar indebidamente cancelaciones de servicios cuando los usuarios lo solicitan.
En 2018 inició un pleito poco convencional en un juzgado laboral entre Claro Colombia y cinco exempleados.
Meses antes, el coordinador de Cobranzas de Claro, Erick González, envió un correo electrónico al director de experiencia al cliente y operaciones, José Peralta, reportando que desde 2013 se estaban facturando irregularmente servicios no prestados a usuarios.
Cuando un usuario se atrasa, Claro solo puede dejar que la factura se acumule por 87 días. Pasado ese tiempo, las líneas dejan de funcionar y no se produce más deuda mensual para el usuario. Pero lo que pasó fue que aunque las líneas dejaron de funcionar, la desactivación no fue reportada y la facturación siguió creciendo. Entonces, la deuda junto con los intereses de mora siguió subiendo injustificadamente para los usuarios y en las cuentas internas de la compañía.
González decidió confesarle a Peralta que ese proceso no se estaba cumpliendo después de varios años de ocultarlo, según lo que explicó en ese momento, porque llegó a un punto en el que se hizo insostenible para él mantener la mentira.
“Yo hoy amanecí dispuesto a asumirlos (mis errores) con la frente en alto. Asumir los de mi gerente del cual venían las instrucciones, y asumir todas las consecuencias que se deriven de mis actos”, asegura en el cruce de correos que inician cuando se confiesa con Peralta, quien llevaba menos de un año en el cargo. “Prefiero que me recuerden como alguien que se equivocó por acatar instrucciones de su superior y no como un cobarde que salió corriendo”.
A quien hacía referencia González en su correo era a la gerente de cobranzas en 2017, Sol Yalile Ramírez. Esa funcionaria renunció a Claro tres meses antes de que González hiciera su confesión y negó durante las audiencias haber dado instrucciones para no hacer las desactivaciones y maquillar los reportes.
En todo caso, el correo de González se convirtió en una bomba dentro de la empresa porque mostró que esa práctica llevaba cuatro años y que para 2017 ya había 217 mil colombianos que habían sido reportados en centrales de riesgo por servicios que nunca usaron.
Claro le dijo a La Silla Vacía que ese proceso “no generó perjuicios a los usuarios”, pero en el Juzgado 20 Laboral de Bogotá envió certificaciones en las que queda prueba de lo contrario.
Nota con información de la Infobae.com



