Con camisetas blancas, velas encendidas y pancartas con mensajes como “La paz está en nuestras manos” y “Queremos paz”, habitantes del municipio de Nariño, salieron a las calles para exigir el cese de la violencia que en las últimas semanas ha generado temor, desplazamientos y dolor en la comunidad.
La movilización, apoyada por la alcaldía municipal, recorrió las principales vías del casco urbano como un clamor colectivo ante los recientes hechos que tienen en zozobra a la población, especialmente en la zona rural, donde se han registrado homicidios, amenazas y presiones ejercidas por grupos armados ilegales.
El acto simbólico por la paz se llevó a cabo luego de una serie de hechos violentos que han marcado profundamente al municipio. El más reciente fue el asesinato del exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias, de 38 años, ocurrido el 8 de noviembre. El líder político fue interceptado por hombres armados y ejecutado a un costado del camino en zona rural. Ocampo era reconocido por su labor social y por trabajar en el transporte público rural del municipio.
Su muerte ocurrió pocos días después del crimen del menor Jhon Jarol Obregón Yépez, un niño de 13 años asesinado en la vereda La Balsora cuando hombres encapuchados ingresaron a su vivienda y dispararon en repetidas ocasiones. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuyó este homicidio al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Clan del Oriente y ofreció una recompensa de hasta $500 millones de pesos por información que permita dar con los responsables.
A la par, comerciantes y familias de varias veredas han denunciado amenazas, extorsiones y presiones que han llevado incluso al cierre de establecimientos y al desplazamiento de al menos dos familias, entre ellas la del propietario de una estación de servicio en la vereda El Recreo.
En medio de este panorama, el Clan del Golfo publicó un comunicado negando estar detrás de las intimidaciones en el municipio y señalando a un “reducto” de la banda de alias Camila como los responsables de las presiones a comerciantes y líderes. Sin embargo, las autoridades mantienen varias líneas de investigación para esclarecer la autoría de estos hechos. Un clamor que se hace urgente.
La alcaldesa Erika Cardona Pérez acompañó la movilización y reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para reforzar la presencia institucional y avanzar en las investigaciones.
Los habitantes esperan que esta marcha sea el inicio de acciones concretas que permitan devolver la tranquilidad a un municipio históricamente pacífico, pero que hoy enfrenta uno de los momentos más complejos por cuenta de la disputa y presencia de actores ilegales.
