El Congreso de la República analiza el proyecto de ley “¡No más borrachos al volante!”, impulsado por el senador Gustavo Moreno, que propone modificar el Código Penal para tipificar como delito de peligro común la conducción de vehículos automotores en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La iniciativa busca endurecer las sanciones con penas de prisión, multas económicas y la pérdida de derechos públicos para quienes conduzcan bajo estas condiciones.
De acuerdo con el texto, se adicionaría el artículo 353C a la Ley 599 de 2000, estableciendo que quienes manejen con un grado de alcoholemia igual o superior al nivel dos, o bajo el efecto de drogas que generen dependencia física o psíquica, podrían enfrentar penas de prisión entre 24 y 48 meses, multas de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pérdida de derechos y funciones públicas durante el tiempo de la condena.
Además, el proyecto contempla que las autoridades de tránsito puedan aplicar medidas cautelares al vehículo involucrado —como el embargo o secuestro— con el fin de garantizar el pago de las sanciones y la reparación de las víctimas en caso de accidente.
Según la exposición de motivos, esta propuesta responde a la persistencia de la conducción bajo los efectos del alcohol como una “grave amenaza para la seguridad vial y la protección de la vida”. Aunque en los últimos años se han implementado diversas reformas para controlar esta conducta, los accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante continúan cobrando vidas en todo el país.
El senador Gustavo Moreno explicó que la iniciativa no busca promover un “populismo punitivo”, sino establecer una herramienta preventiva inspirada en experiencias internacionales que han demostrado la efectividad de penalizar la simple acción de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La propuesta también surge tras recientes siniestros viales provocados por conductores ebrios, como el ocurrido el pasado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, donde un taxista identificado como Eduardo Chalá, de 56 años, arrolló a once personas mientras conducía con dos grados de alcoholemia.
Actualmente, en Colombia la conducción en estado de embriaguez solo se sanciona penalmente cuando produce un accidente con víctimas. Con esta iniciativa, la conducta pasaría a ser un delito de peligro común, penalizable incluso sin la ocurrencia de un siniestro, lo que representaría un cambio profundo en la política penal y de tránsito del país.
El proyecto se encuentra en estudio en el Senado, donde deberá superar varias etapas legislativas antes de ser aprobado, entre ellas las discusiones en comisiones, la votación en plenaria y la eventual sanción presidencial. Entretanto, el debate público se centrará en aspectos como la capacidad de control de las autoridades, la disponibilidad de pruebas para detectar drogas y la proporcionalidad de las sanciones propuestas.
