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El “plan pistola” de grupos ilegales contra la Fuerza Pública ya deja 17 uniformados asesinados

En los días recientes, la nación ha experimentado una notable intensificación de la violencia dirigida contra integrantes de la Fuerza Pública. Según lo confirmado por el Ministerio de Defensa, han sido asesinados 17 uniformados, de los cuales 13 son policías y 4 son militares, en diversas áreas a manos de miembros del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC que son lideradas por el alias Iván Mordisco.

 

Las víctimas fueron agredidas predominantemente mientras estaban fuera de servicio o durante sus licencias personales, lo cual fue catalogado por el Gobierno como una transgresión al Derecho Internacional Humanitario. Los eventos se desarrollaron entre el 15 y el 25 de abril en departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Valle del Cauca.

En Antioquia, el Clan del Golfo asesinó a Deimer Díaz Pérez en Carepa, a Nelson Cárdenas Carmona en Salgar y a Jorge L. García Meza en Chigorodó. También asesinó a Lenin R. Suárez Osorio en Tarazá y a Luis C. Vargas Gutiérrez en Segovia. En Córdoba, el mismo grupo mató a Aldair M. Urango Sariego en Ciénaga de Oro y a José F. Espitia Espitia en Chimá.

En la costa Caribe, el Clan del Golfo también asesinó a Jhon J. Evangelista Monterroza y Andrés F. Carrillo Bayona en Cartagena, así como a Edwin A. Feria Mercado y Belén K. Durán Ortiz en Simití, Bolívar.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido identificado como el autor de los homicidios de Andrés D. Padilla Mejía en Lourdes, Norte de Santander, y de Jostin A. Olivos González en Saravena, Arauca. De manera similar, las facciones disidentes de las FARC asesinaron a Luis C. Galíndez Salamanca en La Vega, Cauca, y a Julio César Vásquez en Jamundí, Valle del Cauca.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, atribuyó estos crímenes a un patrón sistemático de los grupos armados ilegales. “Fue un modo sicario. Antes usaban pistolas, ahora lo están haciendo con fusil”, declaró.

El Gobierno ha propuesto recompensas que alcanzan los 200 millones de pesos por información que facilite la detención de los culpables, así como hasta 20 millones por datos que contribuyan a la prevención de futuros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.

“Se dará una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita la captura de los sicarios de cualquier GAO que hayan asesinado militares o policías, o hasta 20 millones de pesos por información que nos permita evitar ataques sicariales contra miembros de nuestra fuerza pública”, informó Sánchez.

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