
Hoy los ojos del Consejo Nacional Electoral, CNE, estaban sobre el presidente Gustavo Petro. Después de escuchar la ponencia elaborada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, los magistrados deliberaron y votaron. Con siete votos a favor de abrir la investigación, el CNE decidió no archivar el proceso del presidente y formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por presunta violación de topes de financiación.
Esta es una decisión histórica, pues ninguna investigación contra un jefe de Estado en ejercicio ha avanzado tanto en años recientes. Como se esperaba, los magistrados César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Cristian Quiroz y Altus Baquero apoyaron la ponencia de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
La investigación se centra en la supuesta violación de los topes de gasto electoral, con alegaciones de que la campaña de Petro excedió los límites en más de $5.000 millones. De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, esto podría conllevar sanciones que incluyen la pérdida de investidura.
Además, se identificaron irregularidades en el uso de un avión para la campaña, con facturas electrónicas presuntamente ocultadas, y una posible vinculación con la captadora ilegal DailyCop, que podría haber financiado esos vuelos.
Asimismo, se encontró «suficiente material probatorio» que indica que la Unión Sindical Obrera, USO, y Fecode contribuyeron a la campaña, lo cual es ilegal. También, se reportaron omisiones en el aplicativo Cuentas Claras respecto a gastos en la segunda vuelta electoral, incluidos pagos a testigos y publicidad en medios.



