La construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova sigue dando de qué hablar, hay varios puntos encontrados entre unos y otros, los que están de acuerdo y anhelan que este proyecto se realice y los que son afectados por este mismo.
Durante varios años se ha discutido sobre este tema, pues hoy se habla de la necesidad latente de esta segunda pista, muchos señalan que el aeropuerto se quedó pequeño para tanta gente que transita por allí día a día.
No obstante, la otra realidad es que de llegarse a realizar esta obra, 1.600 nacimientos de agua desaparecerían, cerca de 10.000 personas que habitan esta zona, muchas de ellas familias tradicionales de las veredas Abreo, Abreito, Chachafruto, Mampuesto, El Carmín, Cuchillas de San José, Barro Blanco y algunas veredas del municipio de Guarne, se verán desplazadas, además que muchos árboles serán talados y la fauna también se verá afectada.
Precisamente hace algunos días, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antiqueño, a través de sus redes sociales dio a conocer una denuncia que hizo frente a este proyecto, pues según la corporación, para la construcción de la segunda pista no se tiene ninguna licencia ambiental.
En un comunicado a la opinión pública, la Mesa de Derechos Humanos señaló que en respuesta a un derecho de petición que ellos realizaron a la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA), les manifestaron que no se registra ninguna solicitud para la realización del proyecto.
“En respuesta a un derecho de petición con radicado 20236200087192 del 9 de mayo de 2023, claramente expresan: a la fecha dentro del expediente LAM0539, bajo el cual esta Autoridad realiza seguimiento y control al proyecto denominado “Operación y mantenimiento del Aeropuerto José maría Córdova”, no se registra solicitud de ampliación o de construcción de una segunda pista para el terminal aéreo en comento”, indicaron desde la Mesa de Derechos Humanos.
De igual forma, manifestaron que este es un proyecto improvisado, “el cual en casi 7 años no sólo no ha contado con estudios definitivos, sino que tampoco con un visto bueno de la máxima autoridad de licencias ambientales ANLA, como garante de la protección de los derechos ambientales y humanos”, puntualizaron en el comunicado.
Por lo anterior, hicieron un llamado al gobierno nacional y a todos los entes de control para que, según ellos, todo este tipo de omisiones que atentan contra los derechos ciudadanos se visibilice y se inicien actuaciones contundentes en contra de quienes promueven este proyecto.
“Cuando las obras de progreso incumplen con lo establecido en la Constitución y la ley, no estamos frente a una obra de progreso, estamos más bien frente a un acto de corrupción”, indicó la Mesa DDHH.
