
El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario, durante cinco días, del presidente de la República, Iván Duque, por desacato de una orden judicial.
«Imponer como sanción por el desacato en que ha incurrido el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, medida de arresto domiciliario por cinco (5) días», dice el fallo de la corporación.
El documento encarga al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, «que atienda las funciones de Policía en el Palacio de Nariño», además de una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a menos que se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida.
El jefe de Estado habría desatendido la orden impartida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 10716 de 2020, según la cual el Parque Nacional Natural Los Nevados fue declarado sujeto de derechos.
La sentencia del alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional elaborar el plan de intervención especial e integral de Los Nevados, consagrando con precisión y claridad los tiempos, funciones y responsabilidades en las acciones, con los compromisos a corto, mediano y largo plazo, en un término perentorio de un año.
En la misma decisión, la Corte Suprema de Justicia ratificó que el mencionado parque es sujeto de los derechos a la vida, salud y ambiente sano bajo la premisa de que la tierra no pertenece al hombre sino este a ella como cualquier otra especie.
Sin embargo, expertos manifestaron que la decisión del Tribunal resultaría inviable por varios factores fundamentales: primero, porque el fuero del Presidente de la República es absoluto, y cualquier acción en su contra debería ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, bien por asuntos penales o administrativos.
Segundo, porque una orden de tales alcances sobre un jefe de Estado solo podría tener discusión en una alta corte y no en un tribunal superior.
Los expertos consultados también señalaron que, a pesar de que el Presidente es el máximo comandante de las Fuerzas Militares, hay decenas de funcionarios bajo su mando sobre los que podría interponerse la tutela, lo cual pone en tela de juicio la viabilidad de la decisión.
En la historia de la tutela, creada en 1991, nunca un presidente de la República ha recibido una orden de arresto.
Como el Tribunal remitió su decisión a la Sala Laboral de la Corte Suprema para su revisión, es altamente probable que allí se caiga la tutela. Y en todo caso, la última palabra llegaría a la Corte Constitucional antes de cualquier chance de arresto contra el Jefe de Estado, agregaron los expertos consultados por EL TIEMPO.



