El panorama desalentador que expone el presente informe de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, es solo un pequeño capítulo sobre la violación y vulneración a los derechos humanos en la región. Cada uno de los 23 municipios vive bajo el yugo de ese poder ilegal que extorsiona, amenaza, asesina, desplaza y somete a cada poblador. Algunos de estos grupos han pervivido por cerca de 20 años en el territorio.
El aumento de cultivos ilícitos vinculado al transporte de hoja de coca y un aumento significativo en el índice de homicidios, entre el 2018 y 2021 en los municipios de San Rafael, San Carlos, Nariño, Argelia, San Luis y Sonsón llevaron a la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño a lanzar una alerta sobre la situación humanitaria en la región, durante el lanzamiento del informe “Nuevos órdenes, Viejas Disputas”.
“Los municipios con mayor índice de homicidios son aquellos con mayor cantidad de bandas locales. Cifras que sustenta la idea de que en el Oriente Antioqueño se viene gestando un posicionamiento territorial importante por parte de las grandes estructuras armadas asociadas al narcotráfico”, explica el informe.
NUEVOS ÓRDENES, VIEJAS DISPUTAS
Informe anual sobre la situación humanitaria en Oriente Antioqueño 2018 – 2021https://t.co/vPgM5PVuDM @SomosDef @coeuropa @alberto_yepes @diarioriente @maxgilr @AnaBejaranoRG @lanuevaprensaco @CorpoJuridicaLi @DefenderLiberta @arzobispodecali— Mesa de DDHH Oriente Antioquia (@DdhhMesa) February 13, 2022
En el informe la Mes de derechos humanos manifiesta: «Las tasas y el número de homicidios en el Oriente Antioqueño debe ser un motivo de reflexión para quienes delinean políticas públicas que no protegen el derecho a la vida y la integridad de la ciudadanía. Las desapariciones aumentaron 135%, solo esa cifra debería encender las alarmas. No se puede seguir ocultando o maquillando un escenario lleno de incertidumbres cuando más de 349 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en el Oriente Antioqueño. Las administraciones deben asumir las responsabilidades por estos hechos. La violencia intrafamiliar requiere con urgencia medidas y tratamientos especiales para que esta cese. La defensa del medio ambiente debe ser un pilar fundamental en el cuidado y protección de los habitantes».
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño concluyó que, mientras que en territorios con baja densidad demográfica hay más presencia de estructuras armadas interesadas en controlar las rutas del narcotráfico, en zonas con mayor densidad demográfica suelen existir bandas locales, mientras que algunos grupos armados actuales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan Oriente, el Clan Isaza y El Mesa, son herederos de antiguos grupos paramilitares.
“Al igual que en otras regiones del país, en el Oriente Antioqueño las grandes estructuras armadas ligadas al paramilitarismo, con presencia territorial definida y permanente, con hombres uniformados y claras líneas de mando, les dieron paso a estructuras más pequeñas, con alta movilidad, sin hombres uniformados y sin grandes líneas de mando”, explica el informe.
Asimismo, este documento indica que los proyectos hidroeléctricos y mineros en la región, que han estado presentes desde la década de los sesenta, siguen causando conflictos socioambientales. Según la Mesa de Derechos Humanos, estos proyectos expusieron a la población a conflictos sociales y armados.
Por último, el informe enfatiza la necesidad de que la Defensoría del Pueblo realice un estudio sobre los 23 municipios que hacen parte del Oriente Antioqueño, para que se emita una Alerta Temprana sobre la situación humanitaria que atraviesa la región. “El Oriente está cercano a presentar niveles importantes de confrontación. Hay una tensión muy fuerte y un aumento de presencia militar”, indicó Fabián Restrepo, uno de los investigadores del informe al Instituto Popular de Capacitación.
Leea informe completo aquí: informe Oriente 2021
