El pasado 19 de octubre marcho el gremio de recicladores. La noticia paso sin mucho eco, pero hoy le contamos los argumentos por los cuales se realizó la manifestación y como están involucradas las administraciones municipales de Rionegro, Marinilla y El Carmen de Viboral, municipios de los cuales marcharon las asociaciones presentes en estos.
Reciclaje sin recicladores es basura, es el lema de la Asociación Nacional de Recicladores, que exigen ser reconocidos como sujetos de derechos que han sido históricamente vulnerados, uno de los primeros ataques que recibieron los recicladores fue a través de la ley 1259, aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se criminaliza el oficio que desempeñan los recicladores, y donde se castigaba con multa de al menos dos salarios mínimos o la cárcel a quien “escarbe” en la basura. Esto imposibilitando el ejercicio del reciclaje.
A pesar de los intentos por desparecer el reciclador de oficio para reemplazarlos por la empresa privada, luego de que vieron en la basura un negocio rentable, la Corte Constitucional a protegido al reciclador, reconociéndolo como sujeto a través del decreto 596 y la resolución 276 de 2016 y el decreto 754 de la CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento), las administraciones municipales han desconocido lo dispuesto en esta ley, donde su papel es ser garantes del ejercicio del reciclaje, por el contario ha tomado un rol de árbitro dejando entrar a la empresa privada a los municipios, dejándolas competir y asignándoles zonas de recolección. Esta es una competencia desigual entre los recicladores de oficio y las empresas privadas recolectoras, lo cual los vulnera y los coloca en peligro de desaparecer. Lo más grave aún, es que, dejando entrar a estas empresas privadas se les está desconociendo la lucha histórica que como gremio se han ganado a pulso y es el reconocimiento de las tarifas transferidas por los municipios a las Asociaciones de recicladores y que justo ahora que se les va a garantizar aparece la empresa privada a licitar como prestadora de este servicio que han prestado los recicladores de oficio por años y sin garantías.
La marcha se dio a nivel nacional, convocada por la Asociación Nacional de Recicladores – ANR- desde su sede en Bogotá, esta es la organización coordinadora de las de Asociaciones a nivel nacional, la marcha se dio principalmente por varias razones:
- La empresa privada que está haciendo presencia en varios municipios del territorio nacional, queriendo usurpar el papel del reciclador. La entrada de la empresa privada excluye al reciclador de oficio de su labor histórica de recolección y aprovechamiento, no permitiéndoles un acceso seguro al material, esto en contra de lo promulgado por la corte constitucional, donde se sentencia que todo ente territorial debe abstenerse de tomar cualquier decisión que vaya en contra vía de la labor del reciclador, que empeore las condiciones precarias en las que ya ejerce su labor, el ente territorial debe garantizar los mínimos.
El decreto 2981 de 2012, que reglamenta el servicio público de aseo, estimula el aprovechamiento de residuos, pero solo hasta el año pasado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), luego de varios internos fallidos, expidió la Resolución 720, que dispone el nuevo marco regulatorio y tarifario para la recolección. Es por esta razón que la empresa privada quiere entrar a recibir estos beneficios, que los recicladores a través de su lucha de más de 20 años se han hecho acreedores, y que por mucho tiempo ejercieron esta labor sin reconocimiento alguno.
- La dignificación de la labor, a través de la capacitación al usuario de la separación de los residuos sólidos, para garantizar el acceso seguro al material. Esto por años no se ha hecho para el reciclador de oficio, pero ahora que entra a operar la empresa privada con sus rutas asignadas por los municipios, si se les exige separar los residuos.
Las Organizaciones hacen un llamado a las administraciones municipales para que realicen acciones contundentes para que los recicladores de oficio sean los prestadores del servicio público, y que acompañen a las asociaciones para su fortalecimiento, y también se hace un llamado a todos los recicladores agremiados o independientes para que se unan a la lucha que se lleva a cabo actualmente.
En este sentido se contraponen tres actores, el primero es un sujeto histórico que a través de su lucha ha logrado tener garantías para el ejercicio de su labor, el segundo es un actor económico que aprovechándose de los triunfos del gremio reciclador quiere entrar a recoger frutos, y un tercer actor son las administraciones locales que se han convertido en árbitros y no garantes por lo dispuesto por la Corte Constitucional.
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