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Consejo de Estado ordena al expresidente Petro borrar 12 publicaciones en las que señaló de fraude al registrador Penagos

El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar 12 publicaciones de su cuenta de X en las que relacionó al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil con un supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2026. La decisión también establece medidas para evitar que el exmandatario vuelva a realizar señalamientos de este tipo sin que exista una decisión judicial en firme que los respalde.

La determinación se conoció este martes 17 de noviembre, luego de que el alto tribunal resolviera una acción de tutela presentada por Penagos, quien consideró que las declaraciones del entonces presidente habían vulnerado sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, además de afectar la reputación de la entidad electoral.

De acuerdo con el fallo, Petro tendrá un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la decisión, para eliminar las 12 publicaciones identificadas por el tribunal. La orden también contempla retirar de las cuentas y medios de comunicación bajo su administración el contenido de las declaraciones que realizó sobre las mismas acusaciones durante un consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

La controversia se originó por una serie de mensajes publicados entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República. En ellos cuestionó diferentes aspectos del sistema electoral colombiano, entre estos el funcionamiento del software utilizado para procesar los resultados, la trazabilidad de los formularios E-14 y los mecanismos de seguridad y auditoría del proceso.

En algunos de sus pronunciamientos, el entonces mandatario llegó a señalar directamente a Penagos de supuestamente facilitar un fraude electoral. Ante estas afirmaciones, el registrador solicitó una rectificación pública el 6 de agosto de 2026, pero, según los antecedentes examinados en el proceso, no obtuvo respuesta, razón por la cual acudió a la justicia.

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado concluyó que los elementos presentados por Petro no demostraban que Hernán Penagos hubiera participado en un fraude electoral o cometido alguna conducta delictiva. La corporación también precisó que la existencia de una denuncia penal contra el registrador no constituye prueba de culpabilidad ni desvirtúa su presunción de inocencia.

El fallo también establece que Petro deberá abstenerse de atribuirle al registrador la comisión de fraude electoral o de delitos, así como señalar a la Registraduría de realizar, facilitar o participar en estas conductas, mientras no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde tales afirmaciones.

Es importante precisar que la decisión judicial no constituye un pronunciamiento general sobre la inexistencia de posibles irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026. El análisis del Consejo de Estado se concentró en determinar si los señalamientos públicos del expresidente contra Penagos y la Registraduría vulneraron sus derechos fundamentales.

Con esta determinación, el alto tribunal vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los dirigentes políticos al formular acusaciones públicas y la protección del buen nombre de los funcionarios y las instituciones del Estado.

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