JEP sancionó a cinco militares por falsos positivos en Antioquia: deberán ejecutar nueve proyectos de reparación
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones propias a cinco antiguos integrantes de la Fuerza Pública, declarados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2006 y corresponden a 18 casos que dejaron 35 víctimas directas.
La decisión judicial establece sanciones de entre cinco años y seis años y seis meses, acompañadas de restricciones efectivas de derechos y libertades, además de la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Estas medidas hacen parte del modelo de justicia transicional y fueron impuestas luego de que los comparecientes reconocieran su responsabilidad y aportaran información sobre los crímenes.
Los cinco sancionados son Edie Pinzón Turcios, quien recibió una sanción de seis años y dos días; Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, con seis años y seis meses; Efraín Enrique Prada Correa, con seis años, seis meses y diez días; Jaime Coral Trujillo, con cinco años, seis meses y diez días, y William Andrés Capera Vargas, con cinco años, ocho meses y 25 días.
La JEP determinó que las conductas por las que fueron declarados responsables corresponden a desaparición forzada y asesinato, considerados crímenes de lesa humanidad, así como homicidio en persona protegida, constitutivo de crimen de guerra. En los hechos estuvieron involucrados integrantes de unidades militares como los batallones de Contraguerrillas No. 79 y No. 26.
Durante la investigación, la jurisdicción identificó tres patrones de criminalidad. El primero consistía en el asesinato de campesinos de la región, señalados sin fundamento de tener supuestos vínculos con grupos insurgentes, en un contexto de alianzas entre agentes estatales y organizaciones paramilitares. El segundo estaba relacionado con personas trasladadas bajo engaño desde lugares como Turbo y Medellín, que posteriormente eran asesinadas y presentadas como resultados operacionales. El tercero correspondía a la desaparición de los cuerpos y su ocultamiento en cementerios municipales, especialmente en Dabeiba e Ituango.
Uno de los hallazgos relevantes del proceso fue la recuperación de 77 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De acuerdo con el balance presentado por la JEP, 18 de estos cuerpos han sido identificados y 17 entregados dignamente a sus familias, un avance en los procesos de búsqueda y esclarecimiento de lo ocurrido.
Como parte de las sanciones, los cinco antiguos integrantes de la Fuerza Pública deberán desarrollar nueve proyectos restaurativos en diferentes municipios de Antioquia. Las iniciativas incluyen el mejoramiento y construcción de caminos en Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá; labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo, y la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba.
También deberán participar en intervenciones artísticas y acciones de memoria en municipios como Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín, así como en una intervención restaurativa en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín, lugar identificado durante la investigación como escenario de reclutamiento bajo engaño de algunas víctimas.
Los proyectos contemplan, además, iniciativas productivas para comunidades afectadas por el conflicto armado, una intervención integral en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y nuevas acciones de búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia, así como en el área metropolitana de Medellín.
Según el cronograma establecido, las actividades comenzarán en diciembre de 2026 y se extenderán hasta octubre de 2034. Los comparecientes deberán cumplir jornadas de trabajo de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, bajo supervisión. Asimismo, tendrán restricciones de movilidad y deberán solicitar autorización judicial para desplazamientos por fuera de sus lugares de residencia o de las zonas donde se ejecuten los proyectos.
Desde la JEP se explicó que estas sanciones no representan una absolución ni una medida meramente simbólica, sino que hacen parte de un mecanismo que exige reconocimiento de responsabilidad, restricciones efectivas y acciones concretas para contribuir a la reparación de las víctimas y las comunidades.
La sentencia representa un nuevo avance en el esclarecimiento de los llamados falsos positivos en Antioquia, una de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado colombiano. La ejecución y el cumplimiento de los nueve proyectos serán determinantes para que las medidas restaurativas se traduzcan en acciones verificables en los territorios afectados.
