Consejo de Estado admite demanda que busca quitarle la investidura al senador Agmeth Escaf por presunto tráfico de influencias
El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, por presuntas actuaciones relacionadas con tráfico de influencias durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La acción judicial está relacionada con señalamientos sobre una supuesta intervención del congresista en nombramientos y decisiones administrativas de diferentes entidades públicas del orden nacional.
La demanda fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Nacional, Control Social y Efectivo (VER-Control), quien considera que las conductas atribuidas a Escaf podrían configurar la causal de tráfico de influencias contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, que establece esta conducta como motivo para la pérdida de investidura de los congresistas.
El proceso tiene como antecedente las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la entonces primera dama Verónica Alcocer, quien en una entrevista con la revista SEMANA aseguró que Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de Alcocer, habrían tenido injerencia en movimientos administrativos y nombramientos dentro de varias instituciones estatales.
Entre las entidades mencionadas en esos señalamientos se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y ProColombia. Ferrer hizo referencia, entre otros asuntos, a la salida de Concepción Baracaldo de la dirección del ICBF, a movimientos de personal en el DAPRE y a presuntas presiones contra Carmen Caballero, quien estuvo al frente de A partir de estas declaraciones, el demandante solicitó que Eva Ferrer sea citada ante el alto tribunal para que ratifique y amplíe sus afirmaciones. También pidió incorporar la entrevista periodística como material probatorio, recibir testimonios de antiguas directivas de las entidades mencionadas y solicitar información oficial a diferentes organismos del Estado.
La pretensión de la demanda es que se determine si las actuaciones atribuidas al senador constituyen tráfico de influencias y si existe fundamento jurídico para decretar la pérdida de su investidura.
Es importante precisar que la admisión de la demanda no significa que Agmeth Escaf haya sido declarado responsable de alguna irregularidad ni que haya perdido su condición de congresista. Se trata del inicio del estudio judicial de los argumentos y elementos presentados por el demandante. Será el Consejo de Estado el encargado de valorar las pruebas, escuchar a las partes y adoptar una decisión de fondo.
La actuación judicial se conoce este jueves 12 de noviembre de 2026 y representa un nuevo episodio de las controversias por los presuntos manejos e influencias en entidades estatales durante la administración de Gustavo Petro.
