El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantar las acciones necesarias para recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad de la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre. La entidad tendrá un plazo de seis meses para ejecutar las intervenciones requeridas, luego de que la justicia encontrara vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.
La decisión quedó consignada en la Sentencia 112 del 9 de noviembre de 2026, como resultado de una acción popular presentada en agosto de 2025 por el colectivo de transportadores Los Magníficos de la Ruta, cuyos integrantes habían advertido sobre el deterioro progresivo de este corredor vial, caracterizado por huecos, grietas, hundimientos, desniveles y deficiencias en la señalización.
Durante el proceso judicial se tuvieron en cuenta diferentes informes técnicos de interventoría elaborados en septiembre y octubre de 2025, que evidenciaron las condiciones de la carretera. Según estos documentos, de los 127 kilómetros evaluados entre El Santuario y Puerto Triunfo, 73 kilómetros, equivalentes al 55 %, se encontraban en mal estado; otros 36 kilómetros, correspondientes al 27 %, estaban en condiciones regulares, mientras que apenas 18 kilómetros, el 18 %, presentaban condiciones buenas o muy buenas.
Entre las afectaciones identificadas se encontraban baches, fisuras, deformaciones de la carpeta asfáltica, problemas de drenaje y deterioro de diferentes estructuras. Estas condiciones fueron consideradas por el Tribunal como factores que representan riesgos para los conductores y demás usuarios de la vía.
En su defensa, el Invías sostuvo durante el proceso que no había existido inactividad administrativa y señaló que, desde 2019, había celebrado cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a los $327.000 millones. También argumentó que las afectaciones estaban relacionadas, entre otros factores, con el tránsito de vehículos pesados y las temporadas de lluvias, y que se adelantaban actividades de mantenimiento rutinario y periódico.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la existencia de contratos y la asignación de recursos no eran suficientes para demostrar una recuperación efectiva de la infraestructura vial, especialmente cuando las pruebas técnicas daban cuenta de las deficiencias que persistían en el corredor.
Con la decisión, el Invías deberá realizar una evaluación técnica actualizada para identificar los puntos que requieren intervención, establecer cuáles representan mayores riesgos y formular y ejecutar un programa de reparación y mantenimiento. También deberá atender las deficiencias de señalización y presentar soportes técnicos que permitan verificar las actividades realizadas.
El plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia. Esto significa que no necesariamente empieza desde el 9 de noviembre, fecha en la que fue emitido el fallo. Además, se ordenó conformar un comité de verificación encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones judiciales.
La decisión se conoce en medio de las reclamaciones de transportadores y comunidades que utilizan diariamente este corredor, fundamental para la conexión entre Medellín, el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio, así como para el transporte de carga y pasajeros hacia el centro del país.
Cabe precisar que la orden judicial está dirigida a recuperar la transitabilidad y seguridad de los sectores deteriorados, mediante intervenciones priorizadas según su nivel de riesgo, y no implica necesariamente la reconstrucción o repavimentación completa de los 127 kilómetros.
Ahora, la atención estará puesta en las actuaciones que adelante el Invías y en el cumplimiento de los plazos establecidos por el Tribunal, en una vía cuyas condiciones han sido motivo de reiteradas denuncias por parte de transportadores, habitantes y usuarios.
