Fiscalía continuará investigación contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja: deberá comparecer el 11 de noviembre
La Fiscalía General de la Nación continuará este miércoles 11 de noviembre la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de una investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de estructuras paramilitares en el departamento.
La diligencia fue reprogramada por el ente investigador y corresponde a la continuación de una actuación que comenzó en septiembre de 2026. El expresidente deberá responder dentro de la investigación que adelanta una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado.
El caso está relacionado con varios hechos de violencia ocurridos durante la década de los noventa, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia (1995-1997). Entre ellos se encuentra la masacre de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996 en zona rural de Ituango, donde integrantes de grupos paramilitares asesinaron a varios campesinos.
También figura la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997 en el mismo municipio, en la que fueron asesinadas 15 personas. A estos hechos se suma el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998, después de que denunciara públicamente la situación de violencia que enfrentaban las comunidades de Ituango y señalara presuntas responsabilidades y omisiones de las autoridades de la época.
Otro de los componentes de la investigación está relacionado con la presunta conformación y operación de estructuras paramilitares en Antioquia, particularmente con hechos vinculados a la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe para aquel momento, y al denominado Bloque Metro.
Dentro del expediente también aparecen declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha hecho señalamientos sobre una presunta articulación entre estructuras ilegales y algunos sectores de las autoridades durante las operaciones que derivaron en hechos de violencia en el norte de Antioquia. Estos testimonios hacen parte del material que examina la Fiscalía y han sido objeto de controversia por parte de la defensa del expresidente.
La investigación continuará en manos de la Fiscalía
La continuación de la indagatoria se produce en medio de una discusión jurídica sobre qué autoridad debe tener a su cargo el expediente. Este lunes 9 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió declararse inhibida para resolver de fondo el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La decisión fue adoptada por mayoría de siete votos contra dos. En consecuencia, la Corte no definió de fondo cuál de las dos instancias debe asumir formalmente el proceso, por lo que las actuaciones continuarán, por ahora, en la Fiscalía.
La controversia surgió luego de que la defensa de Uribe buscara que el expediente fuera trasladado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, al considerar que parte de las conductas investigadas estarían relacionadas con el periodo en el que el exmandatario ejerció como presidente de Colombia. La Fiscalía, por su parte, ha sostenido su competencia para investigar los hechos relacionados con su gestión como gobernador de Antioquia.
Con la continuación de la indagatoria prevista para el 11 de noviembre, el ente acusador avanzará en la recolección y evaluación de elementos dentro de un expediente que aborda algunos de los episodios más graves de violencia paramilitar registrados en Antioquia durante los años noventa.
Es importante precisar que la diligencia de indagatoria hace parte de una etapa de investigación judicial y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal contra el expresidente. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
