Autoridades investigan amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio y otros medios: activan protocolos de seguridad
Una alerta sobre posibles atentados contra medios de comunicación en Bogotá generó preocupación en el país y motivó la activación de protocolos de seguridad por parte de varias empresas periodísticas, así como la intervención de las autoridades para evaluar los riesgos y establecer el alcance de las amenazas.
La situación se conoció el sábado 7 de noviembre, luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartiera información de inteligencia con diferentes medios de comunicación y representantes de la Administración Distrital sobre posibles acciones violentas de grupos ilegales contra instalaciones periodísticas en la capital del país.
Uno de los hechos que generó mayor preocupación fue la alerta recibida por Caracol Televisión, cuya sede principal, ubicada en el sector de La Floresta, en Bogotá, fue evacuada preventivamente durante la noche del sábado. La decisión se tomó como medida de protección para periodistas, trabajadores y demás personas que se encontraban en las instalaciones.
Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, tras las verificaciones realizadas, no encontró evidencias de explosivos dentro de las instalaciones del canal ni en sus alrededores. Sin embargo, la alerta de seguridad continúa bajo análisis de las autoridades.
Por su parte, Caracol Radio confirmó que también recibió información sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación. Ante esta situación, la cadena radial anunció la activación de protocolos y medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.
Frente a estos hechos, la Alcaldía de Bogotá informó que solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el propósito de que los organismos de seguridad e inteligencia analicen conjuntamente la información suministrada por la Fiscalía y coordinen las acciones necesarias. La Policía Metropolitana también adoptó medidas preventivas.
Las posibles amenazas generaron pronunciamientos de rechazo por parte de diferentes organismos del Estado. La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y profundamente preocupante la información conocida y pidió a las autoridades esclarecer los hechos, establecer la veracidad de las advertencias y garantizar la protección de quienes trabajan en los medios de comunicación.
A su vez, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó las intimidaciones y señaló que ninguna amenaza puede impedir el ejercicio libre del periodismo. El funcionario también hizo un llamado a las autoridades para investigar lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores de la prensa.
Hasta el momento, no se ha establecido públicamente qué estructura ilegal estaría detrás de las advertencias, cuáles serían los objetivos específicos de las posibles acciones ni quiénes estarían involucrados. Las autoridades continúan evaluando la información para determinar el nivel de riesgo.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en Colombia, donde las amenazas y otras formas de intimidación representan un riesgo para quienes informan sobre asuntos de interés público.
La protección de los medios de comunicación y de sus trabajadores no solo está relacionada con la seguridad de sus instalaciones, sino también con las garantías para ejercer la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
