JEP imputa a ‘Timochenko’, Pastor Alape y otros nueve excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de las extintas Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población civil en diferentes regiones de Colombia. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, comprende hechos atribuidos a los antiguos bloques Magdalena Medio y Caribe de esa organización guerrillera.
De acuerdo con la investigación, los excomandantes fueron señalados como máximos responsables de conductas como homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, ataques contra la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de violaciones y otras formas de violencia sexual. La JEP también identificó patrones de control social y territorial mediante amenazas, castigos y acciones violentas contra comunidades que eran consideradas contrarias a las órdenes de la guerrilla o señaladas de colaborar con la fuerza pública y grupos paramilitares.
La investigación documentó hechos ocurridos en distintas zonas del norte y nororiente del país, entre ellos masacres, tomas guerrilleras y ataques con explosivos. Dentro de los episodios analizados se encuentra la toma de Chalán, Sucre, en 1996, cuando integrantes de las Farc utilizaron un burro cargado con explosivos para atacar a la fuerza pública. También se incluyeron asesinatos de líderes sociales, docentes, representantes religiosos y habitantes de comunidades rurales.
La dimensión de la investigación se refleja en el material recopilado por la jurisdicción: fueron analizados los relatos de 733 víctimas, 72 informes presentados por organizaciones y colectivos, 1.859 denuncias de la Fiscalía y diferentes versiones entregadas por antiguos integrantes de las Farc. Entre los hechos documentados también figuran graves episodios de violencia sexual, que, según la investigación, fueron utilizados como mecanismos de intimidación, retaliación y control sobre la población.
Entre las regiones donde tuvieron presencia estas estructuras se encuentran departamentos como Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Sucre. En el caso del Bloque Magdalena Medio, su accionar también comprendió territorios de Antioquia, particularmente el Nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio antioqueño, lo que hace parte del contexto regional de los hechos investigados.
Con esta decisión, los 11 comparecientes deberán pronunciarse sobre los señalamientos. La JEP estableció como plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para que reconozcan o rechacen los hechos y su responsabilidad. Además, deberán entregar información que tengan sobre 54 personas desaparecidas identificadas durante la investigación.
Si aceptan su responsabilidad y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, podrán avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y eventualmente recibir sanciones propias del sistema de justicia transicional, que contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, acompañadas de trabajos restaurativos. En caso de rechazar los cargos, podrían enfrentar un proceso judicial ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, con penas de hasta 20 años de prisión si son condenados.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano y en la determinación de responsabilidades de antiguos integrantes de las estructuras de mando de las Farc. Es importante precisar que la imputación constituye una atribución formal de responsabilidad dentro de la justicia transicional y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria.
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