SIC impone multas por $12.845 millones por presuntas irregularidades en contratos de Metroparques y el Área Metropolitana
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones económicas por un total de $12.845 millones a cinco personas jurídicas, tras concluir que se presentaron prácticas que afectaron la libre competencia económica en procesos de contratación pública relacionados con el Parque de las Aguas, en el Valle de Aburrá.
La decisión, conocida este jueves 29 de octubre de 2026, involucra a Metroparques E.I.C.E., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y tres empresas privadas: Comercializadora JPino S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.
De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con contratos interadministrativos suscritos en 2021, durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. La SIC encontró que se habría utilizado un mecanismo de contratación que permitió restringir la participación de otros oferentes y favorecer a determinados contratistas en la ejecución de obras y servicios destinados al Parque de las Aguas.
Según los hallazgos de la investigación, el Área Metropolitana habría suscrito los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 con Metroparques, mediante los cuales se canalizaron más de $15.748 millones para desarrollar actividades relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento del parque recreativo.
Uno de los principales cuestionamientos de la Superintendencia tiene que ver con que Metroparques habría subcontratado la totalidad de las actividades, pese a que recibió los recursos para ejecutar los trabajos. Además, habría cobrado una comisión cercana al 8 % por la administración de esos recursos, lo que habría generado un costo adicional estimado en $1.368 millones.
La investigación también identificó presuntas irregularidades en ocho invitaciones privadas adelantadas entre 2021 y 2022, que habrían favorecido a las empresas Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana. Entre los aspectos cuestionados estuvieron la verificación de requisitos, la experiencia acreditada por los participantes y las condiciones en las que se adelantaron los procesos de selección.
En cuanto a las sanciones económicas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá recibió la multa más alta, por aproximadamente $9.196 millones, mientras que Metroparques deberá pagar cerca de $3.042 millones. Por su parte, 1Soluciones S.A.S. fue sancionada con aproximadamente $62,1 millones. Las otras empresas también fueron incluidas en la decisión de la Superintendencia.
La decisión también involucra a siete personas naturales vinculadas con los procesos contractuales investigados, entre ellas antiguos funcionarios y particulares relacionados con las entidades y empresas participantes.
Tras conocerse la sanción, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que la decisión respalda las denuncias que su administración ha presentado sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante el gobierno anterior.
El mandatario manifestó que buscará que las multas sean asumidas con el patrimonio de quienes resulten responsables y no terminen representando una carga para los recursos públicos de la ciudad.
Es importante precisar que la decisión de la SIC corresponde a un procedimiento administrativo por infracciones al régimen de libre competencia económica. Esto no equivale, por sí solo, a una condena penal por delitos de corrupción, cuyas eventuales responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la contratación pública durante la administración de Daniel Quintero y se suma a otras investigaciones que adelantan los organismos de control sobre el manejo de recursos públicos en Medellín y el Valle de Aburrá.
