Golpe al Frente 36 en Antioquia: capturan en Valdivia a alias ‘Lobo’, señalado cabecilla de las disidencias Farc
Una operación conjunta de la Fuerza Pública permitió la captura de dos presuntos integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las FARC, en un procedimiento realizado en zona rural del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia. Entre los detenidos se encuentra alias “Lobo” o “Emanuel”, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión de este grupo armado.
El operativo se desarrolló en la vereda La Paulina, donde participaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se produjeron mediante órdenes judiciales y, durante el procedimiento, fueron incautados equipos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso investigativo.
Según información conocida por autoridades y medios de comunicación, alias “Lobo” corresponde a Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, quien llevaría varios años vinculado a la estructura armada y habría tenido un ascenso dentro de la organización hasta convertirse en cabecilla de comisión. En noviembre de 2025, la Gobernación de Antioquia había ofrecido hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su captura, al señalarlo como uno de los cabecillas del Frente 36 en el Norte del departamento.
El nombre de “Lobo” ya había aparecido en operaciones de la Fuerza Pública durante este año. En febrero de 2026, un operativo realizado en zona rural de San Andrés de Cuerquia estuvo dirigido contra integrantes de esta estructura. De acuerdo con información publicada entonces, el hombre habría logrado escapar del cerco de las autoridades, mientras en el procedimiento fueron capturados otros integrantes y se incautó un importante arsenal, entre fusiles, pistolas, municiones, una granada y artefactos explosivos.
Las autoridades lo investigan por su presunta relación con diferentes hechos ocurridos en el Norte de Antioquia, entre ellos extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados de población civil y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. También existe una investigación relacionada con el homicidio de Ángela Muñoz Betancur, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en zona urbana de San Andrés de Cuerquia.
De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, alias “Lobo” también estaría relacionado con el desplazamiento forzado de aproximadamente 2.300 personas pertenecientes a 23 veredas del municipio de Briceño, registrado en octubre de 2025. Estos señalamientos hacen parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades y deberán ser establecidos dentro de los respectivos procesos judiciales.
En el mismo operativo fue capturada una mujer identificada como Alexandra García Legarda, conocida con los alias de “Zamanta” o “La Flaca”, quien es señalada de pertenecer a la estructura 36. Según la investigación, habría desempeñado funciones como enfermera y tendría conocimientos relacionados con maniobras de combate e inteligencia dentro de la organización. Medios que conocieron el procedimiento precisaron que “Zamanta” no corresponde a otra integrante del Frente 36 identificada como “Samantha”.
La mujer deberá responder, según la información oficial, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.
Por su parte, alias “Lobo” deberá comparecer ante las autoridades judiciales por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, de acuerdo con las órdenes judiciales que dieron lugar a su captura.
La estructura 36, que opera en diferentes municipios del Norte de Antioquia y es señalada por las autoridades de mantener actividades relacionadas con economías ilegales y acciones armadas, ha sido objeto de diferentes operaciones durante los últimos meses. La Fuerza Pública sostiene que las acciones buscan afectar sus capacidades armadas, logísticas y financieras.
Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán adelantar las audiencias correspondientes y definir su situación jurídica. Mientras avanza el proceso, los señalamientos en su contra hacen parte de las investigaciones y será la justicia la encargada de determinar su eventual responsabilidad penal.
