Gobierno propone crear un Sistema Nacional de Información sobre las Guardias Indígenas; comunidades indígenas rechazan la iniciativa
El Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto mediante el cual propone crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas en Colombia, una herramienta que estaría a cargo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) y que tendría como propósito centralizar información sobre estas estructuras y facilitar la articulación entre las entidades públicas y las autoridades propias de los pueblos indígenas.
La propuesta, publicada el pasado 28 de septiembre, plantea adicionar un nuevo capítulo de 14 artículos al Decreto 1066 de 2015. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el sistema permitiría que el Estado conozca, a partir de información reportada por las propias autoridades indígenas y bajo los términos que estas determinen, la existencia de las guardias reconocidas por los pueblos.
Según la justificación del proyecto, actualmente el Estado no cuenta con información consolidada que permita establecer con precisión cuántas guardias indígenas existen en el país, en qué territorios actúan, a qué pueblos pertenecen, qué autoridad propia las orienta o cuál es el número aproximado de sus integrantes. La intención del Gobierno sería organizar estos datos para mejorar la interlocución institucional con las comunidades.
El proyecto contempla que la información pueda incluir datos como el pueblo indígena al que pertenece la guardia, la comunidad, resguardo o territorio donde desarrolla sus actividades, su denominación propia, la autoridad que la orienta, el ámbito territorial de actuación, el número aproximado de integrantes y la identificación de la persona que sea designada como enlace con las entidades públicas.
Uno de los aspectos señalados en el borrador es que la incorporación de una guardia al sistema tendría un carácter informativo y no significaría su creación, autorización o certificación por parte del Estado. Tampoco modificaría, según la propuesta, las funciones de las autoridades indígenas ni el alcance de la jurisdicción especial indígena.
De igual manera, el proyecto establece que la información reportada no debería convertirse en un requisito para reconocer la existencia de una guardia ni para acceder a medidas estatales de protección, fortalecimiento o reparación. El Ministerio sostiene que la existencia y funcionamiento de estas estructuras continúan correspondiendo a la autonomía de cada pueblo, de acuerdo con sus usos y costumbres.
La iniciativa, sin embargo, ha generado rechazo entre organizaciones indígenas. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) manifestó su oposición al proyecto y sostuvo que la Guardia Indígena es una expresión colectiva y comunitaria que surge de los territorios y se fundamenta en la autonomía, el derecho propio y las decisiones de las autoridades tradicionales.
El CRIC advirtió que la información recopilada podría, en su opinión, convertirse en una herramienta de seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización de quienes participan en labores de defensa territorial y comunitaria. Por esa razón, solicitó al Gobierno Nacional abstenerse de adelantar medidas que, según la organización, puedan afectar los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas.
El debate también ha generado pronunciamientos desde otros sectores. La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló este primero de octubre que la Guardia Indígena no necesita ser monitoreada, caracterizada ni gestionada por el Estado y planteó que lo que requiere son garantías para continuar con sus labores de protección de la vida y el territorio.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa de comentarios. El Ministerio del Interior estableció como fecha límite el 4 de octubre de 2026 para recibir observaciones de ciudadanos y grupos de interés. La propia entidad señala que, una vez terminado este proceso, las observaciones serán analizadas y podrían generar modificaciones al proyecto antes de su eventual expedición.
De esta manera, la discusión sobre el eventual Sistema de Información sobre Guardias Indígenas continúa abierta y enfrenta dos posiciones: mientras el Gobierno plantea la herramienta como un mecanismo administrativo para organizar información y mejorar la coordinación institucional, organizaciones como el CRIC expresan preocupación por sus posibles efectos sobre la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
