
Consejo de Estado declara la ‘muerte política’ de Iván Name, expresidente del Senado, por corrupción en la UNGRD
El Consejo de Estado decretó este viernes 25 de septiembre la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez, al considerar acreditada la causal de tráfico de influencias relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada en primera instancia por la Sala Especial de Decisión 24 de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
De acuerdo con la decisión judicial, los hechos analizados están relacionados con la presunta entrega de dinero proveniente de recursos de la UNGRD y su relación con el trámite de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional cuando Name ocupaba la Presidencia del Senado, entre ellas la reforma pensional.
El Consejo de Estado señaló que, a partir de las pruebas incorporadas al proceso, se acreditó que Name recibió una suma de dinero derivada de un acuerdo destinado a favorecer el trámite de reformas en el Congreso. La corporación también estableció que esos recursos tenían como origen fondos públicos de la UNGRD destinados inicialmente a atender necesidades del departamento de La Guajira.
Uno de los elementos centrales del proceso fue la suma de 3.000 millones de pesos, que, según las pruebas valoradas por el tribunal, habría sido entregada al entonces presidente del Senado. El expediente también involucra los testimonios y actuaciones de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a la entonces consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.
La decisión sostiene que Name utilizó su condición de presidente del Senado para ejercer influencia en el trámite de la reforma pensional a cambio de un beneficio económico. Para la Sala, esta conducta configuró la causal de pérdida de investidura contemplada en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, correspondiente al tráfico de influencias debidamente comprobado.
El proceso se originó en una demanda presentada por Juan Carlos Calderón España, quien solicitó al Consejo de Estado que decretara la pérdida de investidura del entonces congresista por los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD. Durante el trámite, la corporación judicial ordenó, entre otras actuaciones, recibir los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz.
La determinación se conoce después de que la Procuraduría General de la Nación hubiera solicitado al Consejo de Estado desestimar la demanda. En septiembre, el Ministerio Público había sostenido que no encontraba elementos suficientes para acreditar que Name hubiera ejercido presión sobre Sandra Ortiz para obtener los 3.000 millones de pesos. Pese a ese concepto, la Sala concluyó, tras valorar el conjunto de pruebas, que sí estaba configurada la causal de pérdida de investidura.
La decisión, sin embargo, no está en firme. Al tratarse de un fallo de primera instancia, Iván Name puede apelar ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia que deberá resolver el eventual recurso y determinar si mantiene o modifica la decisión adoptada este viernes.
La llamada “muerte política” corresponde, en este contexto, a la pérdida de investidura de un congresista y sus consecuencias jurídicas para el ejercicio de cargos de elección popular, por las causales establecidas en la Constitución. En el caso de Name, la decisión está relacionada específicamente con la causal de tráfico de influencias que el Consejo de Estado consideró demostrada dentro del proceso.



