Tribunal ordena suspensión provisional de convenios para el nuevo modelo de pasaportes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos convenios relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue adoptada el 2 de septiembre de 2026, dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
La medida cautelar cobija el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y los contratos o convenios que se deriven de estos instrumentos. Sin embargo, el Tribunal precisó que la decisión no suspende el acuerdo suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de dicho convenio. Tampoco afecta el Convenio Marco 006 de 2024, que ya habría sido liquidado, ni el Convenio Marco 007 de 2025, cuyo alcance es general.
De acuerdo con el análisis preliminar del Tribunal, existen dudas sobre el estado real de implementación del nuevo esquema. Entre los elementos considerados están cambios y posibles incumplimientos de los cronogramas previstos, informes institucionales que presentarían contradicciones y la falta de soportes verificables sobre aspectos como la infraestructura, el personal y el avance de las operaciones. La corporación señaló que estas circunstancias no permiten establecer con suficiente certeza el estado de ejecución del proyecto y mencionó una posible “planeación improvisada”.
La acción popular cuestionó aspectos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y confianza en la gestión pública y el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos. En su decisión, el Tribunal consideró que, mientras se adelanta el análisis de fondo, existen elementos que justifican una intervención preventiva, particularmente ante las dudas sobre la ejecución del modelo y los recursos comprometidos por el Estado.
Como parte de la medida, el Tribunal ordenó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal presentar, dentro de los 20 días hábiles siguientes, información detallada sobre el desarrollo del modelo. Entre otros aspectos, deberán explicar qué actividades se han ejecutado, cuáles fases y compromisos contractuales se han materializado, cuál es el cronograma actualizado y cuáles documentos permiten verificar el estado real de implementación.
También deberán entregar información sobre la cadena de producción de las libretas de pasaporte, incluyendo la ubicación de los centros de fabricación, las entidades, contratistas, subcontratistas o terceros que intervienen en procesos como producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización y distribución, así como los mecanismos de supervisión, trazabilidad y seguridad utilizados.
La suspensión permanecerá vigente hasta que las entidades acrediten, entre otros aspectos, el estado real de ejecución del nuevo modelo, la disponibilidad y ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentran y son personalizadas, y el alcance de la participación de terceros en el proceso.
Pese a la decisión judicial, la expedición de pasaportes no debe suspenderse. El propio Tribunal ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público. El canciller Ómar Bula aseguró este jueves que los trámites y la emisión de las libretas continuarán con normalidad y pidió tranquilidad a los ciudadanos. Según el funcionario, los equipos técnicos y jurídicos de la Cancillería trabajan en la respuesta al auto judicial y se preparan medidas adicionales para garantizar la prestación del servicio.
La decisión ocurre después de que, en julio pasado, el mismo Tribunal había negado una solicitud de la Procuraduría General de la Nación para suspender los desembolsos del convenio entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa. En esa oportunidad, la corporación consideró que no estaban acreditados los requisitos legales para adoptar dicha medida y advirtió sobre el riesgo que una suspensión de los desembolsos podría representar para la continuidad del servicio.
Por ahora, la nueva decisión tiene carácter provisional y cautelar y no representa un fallo definitivo sobre la legalidad de los convenios ni sobre la totalidad del nuevo modelo de pasaportes. El proceso judicial continuará mientras las entidades presentan la información solicitada y se adelanta el análisis de fondo correspondiente.
