La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 46 exmiembros y representantes de estructuras armadas ilegales, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, luego de la terminación de las mesas de diálogo con estas organizaciones por parte del Gobierno Nacional.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 0-0263, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y está relacionada con la determinación del Gobierno Nacional del pasado 28 de agosto de 2026 de dar por terminadas las mesas de diálogo con las estructuras autodenominadas ‘Estado Mayor de Bloques y Frentes’, ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’.
De acuerdo con la Fiscalía, la terminación de estos espacios derivó en la revocatoria de la designación de los voceros de dichas organizaciones, con lo cual finalizó el beneficio de suspensión de las órdenes de captura que los cobijaba. Por esta razón, el ente investigador ordenó levantar la suspensión y reactivar las órdenes judiciales.
Dentro del listado aparecen 27 integrantes relacionados con el denominado Estado Mayor Central o disidencias de las Farc, entre ellos Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey’; Farby Edisson Parra Parra, alias ‘Richard’; Robinson de Jesús González, alias ‘Caicedo’; Fabio Giraldo Giraldo, alias ‘Albeiro González’; Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias ‘Érika’, y Javier Alfonso Velosa García, alias ‘Jhon Mechas’ o ‘Jhon Catatumbo’.
También figuran Sandra Milena Niño Guerrero, Jeisson Ferney Lasso Devia, Yimison Bustos Ávila, alias ‘Jimmy’; Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias ‘Álvaro Boyaco’; Yersid Muñoz Ramírez, John Faiber Lugo Ramos, alias ‘Rafael’; Euser Motta Meneses, Alexis de Jesús Muñoz Adarve, Jhonmaro Ortiz Camayo, alias ‘Maniqueta’ o ‘Yogui’; Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, Faber García Guzmán, alias ‘El Soldado’; Jorge Luis Caicedo Castro, John Janier Troches Medina, alias ‘Malacia’; Jerci Duvian Ruiz Mazo, Sergio Andrés Martínez Martínez, alias ‘Hueso’ o ‘Bolívar’; Romario Carrascal Alvernia, Jhon Edinson Bayona Rojas, Edwar Andrés Campo Dagua, alias ‘Cabezas’ o ‘Jimmy’; Adolfo Ballesteros Fernández, alias ‘José Tomás Ojeda’, y Oscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’ o ‘Papá Noel’.
En el caso de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, la resolución contempla la reactivación de las órdenes de captura de 13 personas, entre ellas José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Luis Andrés Figueroa Marín, alias ‘Popeye’; Allende Perilla Sandoval, alias ‘Allende’; José Darley Malagón Jiménez, alias ‘Uriel’ o ‘Poco Pelo’; Henry Quiñonez Angulo, alias ‘Tocayo’, y Diego Fernando Guerrero Segura, alias ‘Diego’ o ‘Negro Eloy’.
Completan este grupo María Lizeth Moreno Cantillo, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés, alias ‘Bladimir’; Andy Javier García Lastre, Eduin Mauricio Matallana Ramírez y Edilson Barreto Romero.
Por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la Fiscalía incluyó a seis personas: José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’; Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias ‘Sebastián’ o ‘York’; Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patiliso’; Élmer David Reyes Carrillo; John Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
La resolución establece además que la Fiscalía no reactivará las órdenes de captura de otras 11 personas, debido a que estas ya se encontraban activas al momento de expedirse el documento. Asimismo, el organismo señaló que se abstendrá de adoptar una decisión frente a dos ciudadanos requeridos dentro de trámites de extradición.
Según lo dispuesto en la resolución, el documento fue remitido a las autoridades de policía judicial para su ejecución inmediata y comenzó a regir desde la fecha de su expedición.
La reactivación de estas órdenes se produce en un nuevo escenario de la política de paz y seguridad del Gobierno Nacional, tras la decisión de poner fin a los diálogos con estas estructuras armadas. En el caso de alias ‘Calarcá’, la medida significa que vuelve a estar vigente la orden de captura que había sido suspendida mientras permanecía vinculado como representante dentro del proceso de diálogo.
Cabe precisar que una orden de captura no equivale a una condena. La responsabilidad penal de cada uno de los señalados deberá ser determinada por las autoridades judiciales dentro de los respectivos procesos y con las garantías establecidas por la ley.
