Por dañar su patrimonio cultural, Concepción deberá pagar $5.000 millones

De acuerdo con el Juzgado Administrativo del Circuito de Medellín, Concepción se encuentra en deuda con los habitantes del municipio por destruir su patrimonio cultural, ya que entre los años 2008 y 2010, contrató a la Fundación Tierra Viva para la intervención de 120 inmuebles de su Centro Histórico para renovar y reparar las cubiertas que se encontraban en alto grado de deterioro.

Sin embargo, cuando este proyecto fue presentado al Ministerio de Cultura para su aprobación, esa solicitud se autorizó solamente para la intervención de 19 inmuebles, pero hubo incumplimiento por parte de la alcaldía de ese entonces y la Fundación, ya que fueron intervenidas un total de 42 casas en donde según manifiesta Alberto Escovar, director de Patrimonio allí se realizaron unas intervenciones no adecuadas.

En consecuencia, a las fallidas reparaciones se ha causado que 23 viviendas estén en riesgo inminente de colapsar y 120 también presentan daños estructurales que no han sido reparados, por ello varias personas que se vieron afectadas interpusieron ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Medellín una acción popular que falló a su favor;  en la sentencia se argumentó que, “quedó demostrado que la Fundación realizó las restauraciones sin la autorización del Ministerio de Cultura tratándose de bienes de interés cultural de carácter nacional”.

Es decir que, el Juzgado Administrativo del Circuito de Medellín declaró que el municipio de Concepción y Tierra Viva, violaron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, por lo cual el Juzgado ordenó al municipio elaborar un plan de mejoramiento de las 19 casas y, en particular, devolver la casa de uno de los demandantes a su estado original. Además, se determinó que el costo de esta intervención debía correr por partes iguales entre Tierra Viva y Concepción.

Según en una entrevista del medio El Colombiano al alcalde Gustavo López dice que está entre la espada y la pared, pues, aunque reconoce como justos los reclamos de las familias y sabe que tiene que pagar la deuda asegura que no tiene cómo hacerlo sin poner en riesgo el futuro del municipio, debido a que la cuenta que deben pagar para arreglar todos los inmuebles ronda los $5.000 millones y solo la restauración de la casa de uno de los demandantes asciende a los $2.000 millones.

“Si nos obligan a pagar toda la deuda en este momento me toca cerrar el municipio y acogernos a la Ley de Quiebra”, aseguró López, además sostiene que ha hecho todo lo posible para cumplir con la sentencia y que está adelantando todos los permisos con Mincultura para intervenir las casas y no dar más pasos en falso.